La prueba es lo más
importante de todo proceso judicial, solo a través de la actividad probatoria el Juez pronunciará su sentencia, ya
que la misma es el sustento de la
condena, absolución o sobreseimiento del acusado en el proceso penal, su relevancia en todos los sentidos es suprema, es por
ello que en el campo del derecho procesal
penal el tema de la Prueba
ilícita, genera complejas y profundas discusiones debido a los valores que se conjugan, al
constatarse que un proceso es nulo por razón de que las pruebas sean prohibidas o se
practicaron con violación de normas fundamentales o por el desconocimiento de procedimientos
legalmente determinados.
La prueba
ilícita probablemente sea uno de los temas más complejos sobre los que se ha
venido ocupando ampliamente la doctrina procesalista, aunque, en los últimos
tiempos, dada la incidencia importante que tiene en el ámbito del Derecho
constitucional, concretamente, en la materia de los derechos fundamentales, ha
entrado también en el punto de mira y análisis de la doctrina
constitucionalista.
Se trata
así de una regla que adquirirá una naturaleza y contenido constitucional, con
independencia de que la misma se regule en el texto constitucional, en la ley o
se construya jurisprudencialmente cuando uno se aproxima al estudio de esta
materia lo primero que salta a la vista es la diversidad terminológica que se
emplea en la doctrina y en la
jurisprudencia para referirse a ella. Así se utilizan, entre otros, los
siguientes términos: prueba prohibida, prueba ilegal, prueba ilícita, prueba
inconstitucional, prueba nula, prueba irregular, o prueba viciada.
La Prueba Ilícita enmarcada en el Código Orgánico Procesal Penal,
se limita al reproche de una prueba que ha sido practicada
con vulneración del debido proceso; pero se
hace necesario indagar con respecto a este hecho y las consecuencias jurídicas que produce ya que con esto se
ampliaría la información que se tiene sobre
la prueba ilícita la cual muchas
veces es confundida en sus diferentes acepciones.
OBJETIVO GENERAL
Analizar
la prueba ilícita penal, tanto en la
Constitución Bolivariana de Venezuela, como
en el Código Orgánico
Procesal Penal, todo ello para contar
con las herramientas de hermenéutica
jurídica indispensables para identificar y detectar las principales causas de
ilicitud de las fuentes de
prueba en el proceso penal venezolano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario