Frutos del árbol envenenado
SOLEDAD MORILLO BELLOSO | EL UNIVERSAL
viernes 18 de julio de 2014 12:00 AM
La teoría de los frutos del árbol envenenado es una
metáfora que explica la imposibilidad de hacer uso de pruebas obtenidas de
manera ilícita. Si la fuente -el árbol- está contaminado, lo que se derivé de
ella, la fruta, también lo estará. La teoría hace uso de una clara figura
literaria para marcar la ilicitud de las pruebas obtenidas mediante un acto
ilícito.
Imaginemos que la policía entra en una casa y realiza un
registro. Para hacerlo precisa de una correspondiente autorización suscrita por
un ente judicial. Esto es la conocida "orden" de la que se habla en
programas de televisión de policías, fiscales y jueces. Si al realizarlo la
policía no cuenta con una orden emitida por un tribunal, estaría vulnerando un
conjunto de derechos de la persona que habita en la casa, entre ellos el
derecho a la intimidad e inviolabilidad domiciliaria. Imaginemos que la policía
procede al registro de una vivienda, oficina, comercio, sin la obligada
autorización judicial y que al hacerlo halla pruebas de un delito -por ejemplo
un asesinato- y además esas pruebas permiten determinar la culpabilidad de una
persona (cuchillo ensangrentado, ropa de la víctima...). La "teoría de los
frutos del árbol envenenado" impide que esas pruebas puedan ser utilizadas
contra el presunto asesino pues el registro se realizó violando derechos
fundamentales de éste; si el árbol -procedimiento del registro de la casa se
hizo ilegalmente- está envenenado, los frutos -las pruebas obtenidas en ese
registro ilegal- no se pueden comer, no se pueden utilizar como elementos
probatorios. Se ha hecho hábito que el Gobierno pinche teléfonos, grabe
conversaciones y las difunda por medios del Estado, sin orden judicial. Lo que
se diga en esas grabaciones es fruto del árbol envenenado y ningún tribunal
aceptaría estas pruebas. El asunto no es mero leguleyismo pues la orden
judicial previa es garantía de que las pruebas obtenidas no serán alteradas, de
ocurrir constituiría un delito. Pero el asunto de las grabaciones no persigue
obtener evidencias con valor probatorio, sino el linchamiento político, que es
un delito. Dado que ocurre en medios de público acceso, la Fiscalía puede
actuar de oficio y proceder contra quienes al difundir grabaciones obtenidas
ilegalmente se convierten en delincuentes. Más grave es el asunto por cuanto el
delito lo cometen empleados del Estado a través de medios estatales.
Igualmente, cuando los anclas de los medios del Estado
emprenden una campaña tendenciosa a favor de Hammas en el actual conflicto, sin
presentar las otras dos visiones y atacando de verbo a Israel, no solo ejercen
un periodismo carente de ética y profesionalismo, sino que están haciendo algo
gravísimo, instigan a un posible linchamiento de los judíos que viven en
Venezuela quienes en su mayoría son, ademas de judíos, venezolanos. De nuevo,
como el delito es un hecho público, notorio comunicacional, la Fiscalía puede y
debe actuar de oficio. No hacerlo pinta de cuerpo entero cómo una institución
fundamental para la democracia como es la Fiscalía, es la primera en violar la
ley y la Constitución. Y así proceden otras instituciones públicas. Es el
Estado contra los ciudadanos. No hay que ser Einstein para concluir que han
convertido a Venezuela en un árbol envenenado.
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